En este sentido, también ha denunciado el recorte que el gobierno central ha realizado a los fondos destinados a las administraciones locales para la ejecución de lo dispuesto en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, así como que la Junta de Andalucía ha eliminado los proyectos subvencionables en 2021 que se basan para la atención a mujeres víctimas de violencia. “El gobierno de las derechas no ha parado de criminalizar a los colectivos feministas, asociaciones, y a quienes se dejan la piel para ayudar a las mujeres que sufren la violencia.
Criminalizan, recortan y les faltan el respeto pese a que saben perfectamente que realizan una labor fundamental e imprescindible, y son perseguidas precisamente por una cuestión ideológica”, hecho que ha declarado como “infame”.
Aguilera, ha hecho referencia a los datos dramáticos del desempleo. “El desempleo en nuestra comarca sigue siendo una lacra tremenda, sin olvidar la precariedad y la exclusión que ello supone”. La diputada también ha abordado la cuestión del Brexit exigiendo políticas de igualdad y medidas que reviertan en el día a día de los trabajadores transfronterizos “el Brexit sigue siendo pasto de grandes titulares, de macro-política y grandes intencionalidades pero que hasta la presente siguen sin abordar problemas muy graves desde nuestro punto de vista.
Uno de ello es qué va a pasar con los y las pensionistas, la doble tributación o qué va a pasar con miles de mujeres que pasan diariamente la frontera, que van a trabajar bajo la economía sumergida y que no están en ningún listado, ni en ningún despacho oficial de la UE”.
La parlamentaria ha lamentado las políticas actuales en materia de vivienda refiriéndose a dos casos concretos de la comarca. Por una parte, ha hecho referencia a los desahucios efectuados en La Línea el pasado 4 de marzo, donde afirma que “el decreto 37/2020 no se está cumpliendo y se está echando impunemente a la calle a familias sin alternativa habitacional. Es lamentable que un fondo de inversión haya conseguido expulsar a varias familias pese a que estén en situación de vulnerabilidad, todo ello en plena pandemia, donde mueren personas todos los días y hay numerosos contagios. Es inadmisible que en un estado democrático de derecho, la legislación no sea de aplicación dependiendo del lugar donde se aplica el desahucio”. Por otra parte, ha hecho mención a la situación de los vecinos de la Calle Andalucía de La Piñera, “hay vecinos que en este momento se encuentran en una situación de riesgo para sus vidas, no nos vale con que un técnico del Ayuntamiento acredite que las viviendas están en malas condiciones.
Tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía tienen que dar una alternativa habitacional a estas personas, la administración andaluza tiene que emprender urgentemente un plan de mejoras para estas viviendas.”
