Verdemar–Ecologistas en Acción ha denunciado que Gibraltar ocupa de forma ilegal más del 20 % de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, un espacio protegido de la Red Natura 2000, concretamente en el área conocida como el Búnker. Según el colectivo, el Peñón continúa incumpliendo las normas del ANEXO 1 sobre usos y actividades en la ZEC, que prohíben expresamente el fondeo permanente y el suministro de combustible (bunkering) en aguas protegidas.
La organización advierte de que en la bahía de Algeciras y en la cara este de Gibraltar fondean habitualmente buques petroleros, butaneros y cargueros para realizar operaciones de trasvase de hidrocarburos, una actividad vetada por el artículo 10 del Plan de Usos de la ZEC. “Gibraltar se ha convertido en el puerto de bunkering más grande del Mediterráneo, con más de cuatro millones de toneladas de hidrocarburos trasvasadas al año y sin las medidas de seguridad necesarias”, subrayan desde Verdemar.
Los ecologistas alertan de que esta práctica “fomenta el uso de fondeaderos irregulares en aguas en litigio, poniendo en riesgo la biodiversidad del Estrecho y del Mar de Alborán”. Los impactos, añaden, no son solo ambientales: los vertidos y accidentes derivados del intenso tráfico marítimo “afectan a la pesca artesanal, al turismo y a la economía de la Costa del Sol”.
Tras el accidente del buque Fedra en 2007, Gibraltar amplió sus zonas de fondeo exterior en 400 hectáreas dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Estrecho Oriental, y ahora —según la organización— prepara un nuevo fondeadero de más de 1.000 hectáreas para 2025, también dentro del espacio protegido.
“La presión es tan grande que, aprovechando la figura del Paso Inocente, decenas de buques esperan a muy baja velocidad en el Mar de Alborán antes de repostar, generando un tráfico constante y peligroso”, advierten desde Verdemar.
“Gibraltar ha convertido el Estrecho en una gasolinera flotante entre el Atlántico y el Mediterráneo, degradando un espacio protegido de la Red Natura 2000 y actuando al margen de la normativa europea y española”, denuncia el colectivo, que reclama una actuación “urgente” por parte del Gobierno de España y la Comisión Europea para detener las actividades ilegales, restaurar los daños ambientales y garantizar la conservación de este enclave marino de alto valor ecológico.
