La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz va a trasladar al Gobierno central, a través del Grupo Confederal de Unidas Podemos, la necesidad de que se habilite una línea específica de ayudas al sector del Patrimonio Histórico, y de manera concreta, dirigida al colectivo de arqueólogos y otros profesionales que se dedican al patrimonio histórico y artístico.
En un encuentro telemático mantenido por el diputado provincial de IU en el grupo Adelante, Hugo Palomares y el responsable provincial de Acción Política y Comunicación de IU Cádiz, Domingo Pedro, con representantes de la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz (ASPHA), el colectivo ha dejado constancia de las dificultades que atraviesa el sector como consecuencia de la paralización derivada del confinamiento por la Covid19. Así, destaca la ASPHA la falta de liquidez, tanto de autónomos, como de muchas pequeñas y medianas empresas afectadas por la declaración el estado de alarma, especialmente, en el caso de aquellas que han tenido que seguir afrontando pagos durante el periodo de inactividad. De igual forma, denuncian que los empleados de estas empresas pueden verse desprotegidos de sus derechos o incluso ser despedidos. Cabe destacar que, según el censo de 2018 que maneja ASPHA, en la provincia desarrollan su labor 116 arqueólogos, de los cuales, 63 trabajan en el sector privado, 49 en el sector público y 4 son independientes.
En este sentido, IU ha elevado esta situación al Grupo Confederal de Unidas Podemos, “con la intención de que sea abordado a la mayor brevedad posible en próximos Consejos de Ministros”, apunta Palomares, que indica que tal y como denuncia el sector, “a diferencia de lo ocurrido en otros países como Reino Unido, EEUU, Canadá o Francia, donde se han aprobado fondos para el patrimonio y medidas para proteger a sus trabajadores, en nuestro país, aunque se han aprobado casi 80 millones de euros en ayudas extraordinarias para proteger al sector cultural, ninguna de las líneas habilitadas contempla cobertura específica a estos profesionales del patrimonio histórico”. Tampoco han quedado estos profesionales amparados por las prestaciones por desempleo que se han aprobado para los artistas, pese a que, en su gran mayoría, también son fijos discontinuos, incide la ASPHA.
El documento remitido por IU Cádiz al grupo de diputados de IU recoge, además, la denuncia de la delegación española del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) sobre la ausencia de una línea específica por parte del Ministerio de Cultura para la adaptación de museos y espacios análogos, los cuales carecen de recursos económicos para adaptarse a los protocolos sanitarios.
Apunta Palomares que, de acuerdo con los datos presentados por la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología, “el 55% de estos profesionales está sin trabajo, siendo además un sector que trabaja en condiciones precarias y poco reguladas y con una abrumadora mayoría de profesionales que desarrollan su actividad como autónomos”. La encuesta realizada por esta entidad para conocer la situación real del sector, arroja unas pérdidas de unos 36 millones de euros en total, a razón de unos 14.500 euros por profesional o pequeña empresa.
Considera IU que “el escenario presente y futuro a corto plazo se prevé desalentador, ya que la desaceleración de las obras públicas y de las campañas de investigación en los dos primeros trimestres del año van a mermar la facturación anual y poner en peligro la continuidad del empleo”, de ahí que IU comparta la demanda del colectivo de profesionales del Patrimonio Histórico, que, además de una posible línea específica de ayudas, pide que “se proceda a hacer efectiva la reducción del IVA cultural, una de las principales reivindicaciones del sector cultural en los últimos años”, destaca el también responsable de Política Institucional de IU Cádiz.