En dicho encuentro, tanto la diputada campogibraltareña como los representantes de la plataforma ciudadana trasladaron al consejero las fatales consecuencias que puede ocasionar la proliferación descontrolada de estos proyectos, y la necesidad de abordar la problemática desde el punto de vista político.
“Exigimos a la Junta de Andalucía que realice un plan de ordenación de las instalaciones de energía fotovoltaica. En esta reunión que hemos mantenido con el consejero de Hacienda y responsable de energía, Juan Bravo, desde la Plataforma SOS Campiña de Jimena y otra plataforma ciudadana de Coín se le ha planteado fundamentalmente la necesidad de llevar a cabo un ordenamiento racional de este tipo de instalaciones. Es inadmisible que solo en Jimena se pretendan instalar 900 hectáreas de fotovoltaicas sin el respeto consecuente a otros sectores productivos como la agricultura, ganadería e incluso el turismo rural. Por tanto, es imprescindible que desde una apuesta decidida por la descarbonización de nuestra economía, la energía sostenible y la energía fotovoltaica es necesaria para un modelo de transición ecológica, pero pedimos que los proyectos alternativos de energía renovable se efectúen desde el sentido común sin perjudicar a dichos sectores, y la Junta de Andalucía debe tener como prioridad abordar un plan de ordenación que ponga raciocinio respecto a estas instalaciones y respete a diferentes sectores productivos que son fundamentales en nuestra provincia y en el Campo de Gibraltar”, ha señalado Aguilera.
Plataforma SOS Campiña de Jimena
La Plataforma ciudadana de Jimena ha trasladado al consejero las inquietudes sobre los problemas a nivel ambiental, paisajístico, arqueológico, etnográfico y económico que llevarían consigo la aceptación de estos proyectos. Desde la plataforma se apunta que el cambio de vocación del suelo, que se pretende con el desarrollo de los megaproyectos de fotovoltaicas tendría un efecto negativo sobre el tejido productivo local mayoritariamente agropecuario y de turismo rural, añadiendo la pérdida del valor de la vivienda, que se deja notar desde la misma actualidad, y que además la implantación de los proyectos conlleva una serie de efectos colaterales sobre el empleo, el uso sostenible de los recursos y la economía local. También señalaron que la superficie planteada este tipo de proyectos en la comarca y en el municipio de Jimena es desmesurada y es necesaria una distribución equitativa y racional bajo el amparo de una normativa que las regule, ya que consideran que estos proyectos se deben más a un interés especulativo, que al de contribuir a la transición ecológica hacia las energías no contaminantes.
