El sindicato asegura que “el PSOE ha tenido a monitoras de educación infantil en fraude de ley durante 25 años en Andalucía. Pero el PP hace lo mismo en Madrid. Lo que en Andalucía señala el PP-Cs que es ilegal o irregular, a través del Consejero de Educación Javier Imbroda, lo aplica en la comunidad madrileña”.
Además, CGT critica la actitud del gobierno del PP-Cs de erigirse en este caso como defensores de la enseñanza pública cuando los porcentajes de privada concertada en Andalucía y cierres de líneas en la escuela pública andaluza son alarmantes, así como el número de profesores y maestros interinos despedidos al comienzo de este curso 2019-20.
Según la Junta, asegura CGT, la Escuela Infantil La Atunara, cuya gestión y titularidad ha recuperado la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para la red pública a partir del curso 2019-20, ha ampliado la plantilla para atender de la mejor forma las necesidades educativas del alumnado.
Desde CGT “apoyamos la defensa de la enseñanza pública frente a la privada concertada”. Pero le recuerda al Consejero de Educación Javier Imbroda, que “no sea hipocrática ya que en Andalucía el número de escuelas privadas concertadas es desproporcionado y que es la causa del deterioro y cierre de líneas de la escuela pública. Por ejemplo, La Consejería de Educación, después de suprimir 27 líneas en los centros públicos de Jerez para el curso 2019-2020, anuncia la ampliación de tres líneas en el Colegio concertado San José de segundo ciclo (de tres a seis años), como refleja el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este 2 de septiembre”.
CGT entiende que a los centros educativos públicos se accede por méritos a través de bolsas u oposición según el caso. Pero también “entendemos la situación en fraude de ley de las trabajadoras de La Línea durante más de 20 años y defendemos que quienes estaban deben quedarse. Hay trabajo suficiente para todas las trabajadoras, tanto para las anteriores como para las actuales de la bolsa, ya que el alumnado de educación infantil requiere bastante atención por aula”. Por lo que CGT entiende que en este caso la subrogación es la solución.
Las extrabajadoras que se han manifestado a las puertas del Centro Infantil La Atunara bastantes de ellas son afiliadas a CGT OO.VV del Campo de Gibraltar. Hay jurisprudencia ganada anteriormente y, por tanto, la Junta tiene la obligación de subrogar a la plantilla con las mismas condiciones, antigüedad y en el mismo puesto de trabajo.
